“Señor, señora, no sea indiferente, se roban el futuro en la cara de la gente” cantan los cientos de estudiantes universitarios paraguayos movilizados en repudio a la quita de los fondos destinados a sostener la política de “Arancel Cero”.

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Se refieren a la última iniciativa del Gobierno del Partido Colorado, en cabeza de Santiago Peña, que el pasado 5 de abril promulgó la Ley “Hambre Cero”, que con el supuesto objetivo de la universalización de la alimentación de los niños en edad escolar, deroga el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) utilizado para financiar la gratuidad de la educación superior, el desarrollo de programas científicos, municipios y gobernaciones, entre otras.

Las protestas, hasta el pasado 12 de abril, mantenían paralizadas a la Universidad Nacional del Este (UNE) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y facultades de al menos seis universidades más, y cuentan con el acompañamiento de toda la comunidad educativa, desde estudiantes secundarios hasta gremios académicos e investigadores de la Universidad Nacional de Asunción.

La disputa por los fondos de Itaipú

La disputa de fondo es por las regalías provenientes de la cesión de energía de la hidroeléctrica generada por las represas de Itaipú y Yacyretá a Brasil, que tras un acuerdo alcanzado entre el expresidente Fernando Lugo e Luiz Inacio Lula da Silva en 2009, triplicaron su valor nominal. 

Años después del contrato firmado por ambos mandatarios, el presidente Federico Franco, quien asumió tras el golpe parlamentario a Lugo, firmó la creación del creación del Fonacide, que distribuía por entonces el 30 por ciento de los 360 millones de dólares anuales que pagaba Brasilia a Paraguay.

La reglamentación promovida por entonces adjudicaba un 28 por ciento para programas y proyectos de infraestructura, un 30 por ciento al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, un  25 por ciento a los Gobiernos Departamentales y Municipales, un 7 por ciento para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo y el 19 por ciento para el Fondo Nacional para la Salud.  

El Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, tras una lucha estudiantil, incorporó en 2020 una asignación destinada a financiar la Ley «Arancel Cero» (Ley 6628) destinado a garantizar la gratuidad de la universidad pública. Además, este fondo era utilizado para mejorar los centros educativos, proyectos educativos y programas de investigación científica  y posgrados centralizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

La medida está reservada únicamente para egresados de colegios públicos y subvencionados. Los estudiantes de colegios privados de cuota «baja» no son beneficiarios y, además, para aplicar se realiza un estudio de la situación económica en la que vive el estudiante interesado en tener el arancel exonerado.

La avanzada de Peña contra el Fonacide

En tanto, la Ley Hambre Cero en las escuelas promulgada el pasado 5 de abril, reformó y amplió la Ley 5210/2014, la cual regulaba los recursos destinados a la alimentación escolar de forma descentralizada por parte de las gobernaciones y municipios. 

Con la norma anterior, estos fondos provenían del Fonacide, pero la nueva ley elimina dicho fondo para disponer un nuevo sistema de financiamiento centralizado por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la derogación del Fonacide excede al abastecimiento de comedores y merenderos escolares y elimina todas las reparticiones automáticas de mencionado fondo. Con la regulación vigente, los recursos provenientes de los “royalties” provenientes de las represas hidroeléctricas pasaron a depender de la administración central para su distribución de forma discrecional.

La disputa por el fondo

La administración de Peña señalan que la derogación de tal fondo no significa el fin de la gratuidad, y que esta se mantendrá a partir de recursos del Estado y aseguró que «quedó claramente definido que el Arancel Cero, que es producto de una larga lucha estudiantil, seguirá vigente y será financiado con recursos genuinos del tesoro público, asegurando su continuidad y beneficiando a miles de estudiantes universitarios cada año. La investigación también cuenta con financiamiento asegurado para los próximos años».

Sin embargo, el analista político, Leonardo Gómez Berniga, señaló a teleSUR que con la eliminación del Fonacide se crea “un mecanismo de intervención de las universidades, porque donde antes tenías un fondo asegurado, ahora todas las universidades del país dependen de un relacionamiento positivo con el Ejecutivo para recibir la transferencia del arancel que es determinante para sostener la infraestructura de las universidades”.

Por su parte, Marisol Pérez, estudiante de medicina de la UNA, manifestó que “no podemos dejar que ahora mismo, porque ellos tienen mayoría, vengan a atropellar una ley que se consiguió con una batalla estudiantil”.

 

Ni un paso atrás

Las universidad se mantienen en pie de lucha y respondieron a las provocaciones de Peña, que consideró a las movilizaciones como “una minoría ruidosa”.

“Estamos más consolidados que nunca y la minoría ruidosa se está uniendo a varias minorías. Se entendió que no podemos dejar que una mayoría dictatorial avasalle la democracia”, expresó Abel Fernández, estudiante de Arquitectura de la UNA, a una radio local.

El Gobierno de Peña se ausentó a la instancia de diálogo convocada en el Congreso y, de momento, no hay canales de conversación abiertos entre las partes.

En un comunicado de investigadores de la alta casa de estudios de Asunción, del total de alumnos, unos 18.000 se benefician del programa “arancel cero” de los 55. 280 estudiantes de la principal universidad del país, la UNA. En tanto, desde la Universidad Nacional del Este, ubicada en Ciudad del Este, frontera con Argentina y Brasil, señalan que el 79 por ciento de los estudiantes dependen del programa de becas.

Para Gómez Barriga, “el camino no es sacar otra ley que blinde o cree otro fondo, sino que directamente que se derogue la ley recientemente aprobada”, y ve en los universitarios una unidad que podría ponerlos al frente de una lucha más amplia para limitar los atropellos de Peña.

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